por Alberto Cecereu

Me imagino la cara del funcionario municipal. Las imágenes que veía, los textos que leía, para su moral personal le provocaron sin lugar a dudas una sensación semejante a la vergüenza ajena y la parálisis.

En la discusión de la famosilla Enciclopedia del Sexo y sus repercusiones a los inocentes niños y jóvenes de nuestro país hay dos tópicos que trataré de analizar a continuación. La moral pública en contraste con la moral individual, y la existencia o no de un programa integral y universal de educación sexual en Chile.

El poder estatal tiene competencias limitadas y restringidas a los ámbitos constitucionales, por ende, si somos objetivos, el Estado no debe tener opinión moral sobre las prácticas individuales de los sujetos, sino que una actitud neutral y focalizada a lo referido en las normas, leyes y carta magna. No obstante, como siempre sucede, el Gobierno, es decir la elite política que administra y gerencia el Estado por un determinado tiempo, tiene todo el derecho a realizar juicios en pos del bien común, en torno a sus particulares ideas sobre el ser humano, la sociedad y su funcionamiento. Además, un gobierno que fue elegido por un sistema democrático de representatividad fue claro al argumentar su posición moral ante los problemas humanos, en diversos medios, formas y herramientas. Decir que no sabíamos, es pecar de absolutos ignorantes, al filo de la estupidez ciudadana.

Empero, el tema se vuelve un problema, cuando tratamos de universalizar una visión particular del mundo, en este caso la sexualidad, a toda la población, contraviniendo gravemente  el principio de libertad e independencia de cada sujeto humano. La elite gobernante no debe permitirse que su particular moral personal convierta al gobierno público en un baluarte de una moral que pertenece a una porción de la población, es decir que se vuelva una moral pública.

El concepto de Libertad, implica un sesgo ignoto de lo que realiza el otro, cubriendo mis actos en un velo de igualdad ante los actos del otro, de ahí que el Estado debe propender que el ciudadano se informe de cómo el otro vive y se desenvuelve. De acá afirmo, que el Estado no tiene competencia sobre actos que son personales, cómo es la sexualidad. Si un ciudadano opta por una sexualidad promiscua o en el otro extremo, la abstinencia y la castidad, o si un matrimonio opta por no controlar la natalidad u otro sí, es competencia de la moral personal, de la morada particular de cada hogar. El Estado no tiene la capacidad de ingresar a mis sábanas ni para decirme que tome la pastilla del día después ni tampoco para que no lo tome.

De acá, ingresamos a la otra esfera. No podemos afirmar progresivamente, que el ciudadano posee una libertad de acción en la sociedad sin responsabilidades, ya que la comunidad entra en caminos de la perversión de la acción, una tolerancia pasiva y malentendida. El caso de la educación sexual es paradigmático en esta afirmación.

El Estado debe facilitar plataformas integrales de educación valórica en una ética pública y no morales particulares. Es decir, afirmar el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, al respeto por el cuerpo humano, a la libertad de opción, al amor por el prójimo, porque estos valores éticos, permitirían la confirmación de una sociedad más pacífica y armónica. Por esto mismo, es que nuestra sociedad tiene una inmensa deuda, que raya en la deficiencia empática de tantos y tantos líderes políticos. Esa deuda es la de implementar un programa integral de educación sexual a partir de los primeros ciclos de educación, entiendo como sexualidad, el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológico-afectivas, en el complejo proceso de fenómenos emocionales que van formando el carácter de cada sujeto. Porque también se equivocan ellos que dicen que la sexualidad es saber cómo utilizar un preservativo o diversas posiciones sexuales, porque atenta gravemente a la compleja red de sucesos personales que implica un acto sexual. Todo aquel que reduce la problemática en baratos enunciados morales, de uno u otra vereda, no hace otra cosa que contribuir a una sociedad cada vez más evasiva, negligente, fallida.

La sexualidad es preponderante de cómo el sujeto construye su mundo y proyecto de vida, por lo que nos obliga a exigir que el Estado tenga un rol activo de educar sobre la materia, de integrar visiones y conceptos, de forjar una ética pública que permita la formación de chilenos y chilenas sanas en su sexualidad. Que al fin y al cabo ejerzan su libertad, esa condición maravillosa de vivir en pos de una sociedad próspera.

por Felipe Cortez López

Hace varias semanas atrás el Ministro de Educación Joaquín Lavín dio la noticia de que los resultados de la prueba SIMCE estarían publicados en la página web del Ministerio de Educación. La novedad de este año sería que habría un mapa en donde saldría identificado con colores el desempeño que tuvo cada colegio o liceo. De esta forma, según las palabras del ministro, se establecería un ranking, y los colegios con malos resultados serían castigados por los mismos padres, ya que ellos no querrían que sus hijos estudien en un colegio así. Al mismo tiempo, un establecimiento educacional que obtenga los resultados insuficientes sería cerrado.

El criterio que acá se ocupa es el mismo utilizado en el mercado, es decir, que haya competitividad y que cada cliente o consumidor pueda elegir el producto que más le convenga. La idea desde el punto de vista de la competitividad sería buena, pero hay un conjunto de factores en torno a la educación que acá no se consideran. Pareciera que el ministro, al establecer este sistema de mercado y competencia, tuviese el supuesto de que todas las escuelas están bajo las mismas condiciones. La verdad es que no es así. Este criterio sólo considera a los colegios que atienden a estudiantes que no tienen ningún problema en encajar en el sistema, pero ¿Qué pasa con los estudiantes que poseen más dificultades para aprender o que tienen necesidades educativas especiales? ¿Qué ocurre con los cientos de alumnos que poseen algún problema de tipo cognitivo? ¿Se les puede exigir a ellos los mismos resultados? Muchos de los colegios que están en peligro de desaparecer por no poder obtener buenos resultados, son los que atienden a estudiantes que son considerados por nuestra sociedad como vulnerables, y finalmente son los que siguen un ideal de las políticas públicas educacionales actuales que es brindar educación a TODOS LOS ESTUDIANTES, es decir, no solamente a los más aventajados, más capaces o que es más fácil enseñarles, sino que a totalidad de niños, jóvenes y también adultos que requieran ser educados, entendiendo de esta manera a la educación como un real derecho. Esto no es seguido por los colegios conocidos por su excelencia académica, ya que es esto lo consiguen sólo en base a la selección de sus alumnos: Quien no es capaz de encajar en este margen de excelencia es expulsado. Ante el panorama actual, no sólo habrá alumnos expulsados de sus liceos, sino que establecimientos educacionales expulsados por un sistema que al imitar a la economía de mercado sería bastante cruel y carente de toda ética.

por Fabrizio Queirolo

Los últimos sondeos de la encuesta realizada por la empresa Adimark ha arrojado nuevos índices relativos a la aprobación del actual gobierno, presentando, por cierto, una baja significativa (para la concertación casi un verdadero fracaso) a la hora de evaluar el desempeño tanto del Presidente como de su Gobierno. Bordeando el 46%, ha pasado a ser el índice más bajo de aprobación de lo que va de gobierno. Recordemos que Adimark realiza sondeos mensuales que permiten observar este tipo de diferencias, y en comparación con los anteriores resultados que sobrepasaban el 50%, éste último si puede ser considerado, como dije anteriormente, una baja significativa. Sin embargo, no es ni el fin del gobierno, como lo desearía la oposición, ni muchos menos deberían marcar cierta tendencia a repetirse en los próximos meses, ya que todo esto se basa en las tan enaltecidas encuestas de opinión pública, que ya a estas alturas parecieran marcar el paso tanto del oficialismo como de la oposición. Es de notar que aunque todos señalen que las encuestas no condicionan ni determinan el actuar de ningún partido ni coalición, es hasta casi cómico ver cómo, cuando el contrincante es el que sale desfavorecido en dichas encuestas, las opiniones del estilo “las encuestas no son todos, pero algo dirán” abundan. Y es que cada día que pasa, este tipo de mediciones van ganando más terreno en el ámbito de la tan manoseada opinión pública.

La eficacia de este tipo de mediciones destinadas a conocer la opinión pública y así sacar una especie de radiografía de determinados sucesos politicos, radica principalmente en que la encuesta se ha ido constituyendo en un medio sencillo de comprender y explicar al público, menos especializado en temas que parecieran reservados a las altas cúpulas gobernantes, temas de contingencia, y así generar información “fácil de digerir”. A través de unos pocos números se hace posible que la ciudadanía se haga una somera idea de cómo está el panorama social y político a su alrededor. Sin embargo, las complicaciones del (ab)uso de este tipo de mediciones comienzan a aflorar cuando las personas, por ignorancia o simple comodidad, le atribuyen un estatus de objetividad a dichas encuestas, olvidando de este modo su componente subjetivo como construcción social de un determinado grupo. Es así como resulta preocupante la elaboración de todo un discurso, no sólo desde la élite política, sino también desde la misma ciudadanía, tendiente a ver en las encuestas un medio real y objetivo de medir y cuantificar los sucesos sociales. A esto se suma que, producto de dicho discurso, las encuestas, como configuradoras de determinadas visiones de mundo, pueden fácilmente convertirse en poderosas armas de manipulación y dominio de la opinión pública. A modo de ejemplo, y para seguir con la encuesta Adimark recién publicada, podemos destacar que los once puntos porcentuales que bajó el gobierno en relación al tema de la reconstrucción post-terremoto, genera rápidamente en la población una sensación de que las cosas no se están haciendo bien, sin considerar que la encuesta recoge, en este caso, 1100 casos de Santiago poco familiarizados con los efectos reales del terremoto. Más allá de que las cosas se estén haciendo bien o mal, o más rápido o muy lento, el hecho es que de inmediato la población atribuye una objetividad importante a dichos resultados, condicionando muchas veces el actuar de los individuos y sus expectativas. Otro ejemplo que podemos citar es el relacionado con los últimos resultados del IMACEC que arrojaron un significativo incremento (6,8% en relación al mismo mes en 2009) en la actividad económica, empero, muchas personas consultadas por diferentes medios afirman no ver resultados concretos en sus vidas más allá de los números. En este caso el que reacciona con criterios de objetividad hacia las cifras es el gobierno dando declaraciones de buena economía, cuando a nivel micro las personas no lo perciben de igual manera.

Lo que urge actualmente a la hora de enfrentarse al mundo de la estadística y de las encuestas es, por así decirlo, una deconstrucción del dato. Esto con el fin de desentrañar los presupuestos ideológicos que subyacen a la elaboración de cada encuesta. Recordemos que como construcción social de un grupo, la encuesta es enfocada de determinada manera, y los investigadores se ven enfrentados, producto de esta carga ideológica, a decisiones metodológicas, limitación presupuestaria entre otros, que, se quiera o no, terminan por afectar los resultados. Preguntas como: ¿Quiénes contabilizan los datos? ¿Por qué lo hacen? ¿Con qué fin se generan las cifras? cobran vital relevancia a la hora de evaluar la efectividad de las encuestas como medidores de ciertos procesos sociales. Con esto debemos centrar nuestra pregunta más en cómo se llegó a tal resultado que si la encuesta se nos muestra como verdadera. Aquí, por cierto, entran en juego otro tipo de mecanismo de validación interesantes de repasar y que los ligan, por ejemplo, con la autoridad que los genera y el prestigio de la cual goza. Otro punto interesante es la estrecha relación entre el mundo de las empresas dedicadas a este tipo de investigaciones y los medios de comunicación. Digo esto, ya que a la hora de presentar determinadas encuestas entran en juego posiciones tendientes a publicar ciertos datos según los tipos de audiencias, generando a su paso toda una ola de sucesos ligados al riesgo. Es decir, muchas veces se opta por presentar encuestas del tipo sensacionalistas enfocadas en casi estimular el miedo en las personas, como también hay otras que parecieran tener poderes mágicos, generando en la población sensaciones como la estabilidad, o pensar que dichas encuestas resumen de manera casi perfecta la realidad, adoptando actitudes como si todo estuviese y marchase bien.

Aquí de lo que se trata no es de cuestionar la validez de las encuestas, ya que muchas empresas gozan de cierto prestigio debido a sus rigurosos procesos de validación y confianza, sino de comprender que aún cuando una encuesta puede gozar de un margen de error de un 3% nunca dejara de responder a determinadas decisiones de tipo metodológicas, teóricas así como también políticas. Es por esto que aquí juega un rol fundamental el aporte de las ciencias sociales con el fin de regular el mundo un tanto embriagador de las encuestas, para así impedir que se transformen en números con pretensiones de objetividad, tergiversando muchas veces la realidad. Obviar esta particularidad de la estadística ayuda a reproducir lo que podemos visualizar, no sólo en la sociedad chilena, sino además en casi todo el mundo, donde, al vivir pendiente de porcentajes y números, se termina por descuidar o sobrevalorar la realidad, ya que así como tenemos encuestas para demostrarnos que todo anda mal, hay muchas otras que enaltecen a gobiernos distando mucho de lo que cotidianamente vemos.

Si Korzybski afirmó que el mapa no es el territorio en el prólogo a su libro Society and Sanity, aquí podemos decir claramente que la encuesta no es la realidad, aún cuando la represente de alguna manera. Teniendo claro esto podemos emitir juicios sobre éstas dentro de determinados marcos y así no equivocarnos a la hora de analizar la sociedad que nos rodea.

Para finalizar quiero retomar lo que Ena Von Baer, actual vocera de Gobierno, dijo al referirse a los resultados de la encuesta de Adimark: “El Gobierno no trabaja para las encuestas (…) Uno a veces esperaría que no estuviésemos concentrados en la crítica pequeña (…) y la verdad es que nosotros estamos concentrados en gobernar”[1]. Comentario acertado que espero se vuelva a repetir exactamente igual si es que alguna vez una encuesta arroja un porcentaje de aprobación de un 70% para el actual gobierno.

por Fabrizio Queirolo

Por estos días los dos países más australes del mundo, Chile y Argentina, han figurado en importantes diarios internacionales con motivo de, en el caso argentino, la aprobación del matrimonio homosexual, y en Chile por intentos, aún en el papel, de legislar al respecto. Lo concreto es que, al menos, la discusión comienza a estar sobre la mesa.

Particularmente en el caso chileno, el asunto dista mucho de estar resuelto o de haber alcanzado algún tipo de consenso, no sólo entre el oficialismo y la oposición, sino al interior de ambas coaliciones.

Por parte del oficialismo tenemos un conservadurismo tajante e intransigente, representado principalmente en el partido UDI, y en figuras como Carlos Larraín de RN que se oponen a todo intento por legislar al respecto, amparados por la Iglesia Católica, y posiciones un poco más cercanas al liberalismo político-social en posturas como las del senador Allamand. Éste último, precursor de la llamada Ley de Acuerdo de Vida en Común que, por cierto, el gobierno actual se ha negado a apoyar por considerar que crea una institución paralela al matrimonio[1]. Esto por un lado.

Por otra parte nos encontramos con la oposición y sus discrepancias a nivel interno que pudimos observar en la última reunión de presidentes de partido. Por un lado tenemos una postura, que en sí no esta totalmente clara, proveniente de la DC, que como partido de inspiración cristiana aún se muestra reticente a legislar al respecto, dejándolo claro hace poco días su presidente[2]. Por otro lado existe un importante sector, ligado al PPD y al PS y representado actualmente en líderes como Rossi, con una clara apertura hacia el tema y dispuestos a legislar de manera definitiva al respecto.

Pero en Chile, las llamadas minorías, desde antaño que vienen siendo un dolor de cabeza no sólo para los gobiernos de turno, sino también para la sociedad civil en general. ¿Qué hacer? ¿Cómo aceptarlos sin que se vuelvan una real amenaza? ¿Hasta dónde legislar? Estas preguntas, que parecieran ser de tiempos pretéritos, aún no encuentran respuestas claras y tendientes a encontrar reales soluciones al asunto de la diferencia. Y con diferencia no me refiero tan sólo al tema relacionado con la libertad sexual, sino también se incluye, con la misma fuerza, los mapuche, los convenientemente llamados antisistema, y un largo etcétera de grupos históricamente relegados y casi condenados a vivir en la penumbra del menosprecio. Son los “anormales”, los “molestosos”, los que bordean la campana de Gauss, esas piedras en el zapato que vienen a amenazar el orden y la normalidad de una Nación construida históricamente a punta de lanza. Un Estado construido en base al destierro, en los primeros años de la República en islas peruanas, y actualmente en islas simbólicas como los hospitales siquiátricos o en las periferias como la Villa Francia. En síntesis, un estado-nación envuelto en la ilusión de la unidad nacional y que a su paso ha dejado un sinfín de rezagados, condenados a rascarse sus propias pulgas por ser considerados minorías anormales, que después de ser “curadas” vienen a tener el derecho de ser “reinsertadas” a una sociedad que, recién comenzando a caminar por la cuestionada senda del desarrollo, cree estar llegando más rápido que otros países, pero escondiendo bajo gigantes frazadas esa diferencia.

Frente a la pregunta de qué hacer con la diferencia Honneth, actual director de la otrora Escuela de Frankfurt y según muchos, perteneciente a lo que podemos llamar la tercera generación de frankfurtianos posterior a Habermas, nos ofrece una interesante revisión y recuperación del concepto de reconocimiento, presente en los primeros textos de Hegel, principal teórico del Estado moderno, y que nos permite analizar la actual situación de muchas minorías víctimas del menosprecio y la injusticia, ya no sólo en el plano material, como lo fueron los obreros de las industrias del siglo XIX, sino de la injusticia moral al ser vistos como amenazas. Para este autor, basándose en la tesis hegeliana de la lucha por el reconocimiento, nos dice que el reconocimiento recíproco de la identidad se conforma como una tensión moral constante dentro de la vida social. Es así como ya no sólo se llevan a cabo luchas sociales por mejorar las condiciones materiales de determinado grupo o clase, sino que a esto se le suma una constante lucha por terminar con las injusticias morales producto del menosprecio, o falta de reconocimiento. Aquí lo importante es recalcar que un sujeto deviene tal siempre y cuando sea reconocido por el otro, y donde cuyo reconocimiento hace posible que dicho sujeto entienda su identidad como irremplazable.

Honneth toma de Hegel las tres fases del reconocimiento que el teórico alemán destaca. A saber: la dedicación emocional, el reconocimiento jurídico y la adhesión solidaria. Cada una de estas fases forma parte de un proceso de integración social donde los sujetos terminan por reconocerse como autónomos y con identidad personal. Para efectos de este artículo, deseo detenerme en la fase del reconocimiento jurídico y el aporte que realiza Honneth a este estadio.

En el Derecho las personas pertenecientes a una determinada comunidad se reconocen como libres e iguales, o al menos eso es lo que está plasmado en el papel. Considerando esta característica, Honneth nos dice que el reconocimiento jurídico pasa a ser insuficiente debido a que el sujeto no sólo necesita ser reconocido por las cualidades que comparte con los demás miembros del grupo, sino además necesita ser reconocido por su aporte en tanto persona con identidad propia, esto es, como sujeto portador de cualidades valiosas que lo diferencian del resto. De esta forma se hace necesaria la tercera forma de reconocimiento nombrada anteriormente y que dice relación con la valoración social de un individuo o grupo por su autorrealización o su identidad personal. Aquí lo importante es que la sociedad valore positivamente las contribuciones de determinado grupo a las metas que dicha sociedad se ha impuesto. Así, Honneth se reencuentra con el concepto hegeliano de eticidad, que podemos resumir en un horizonte común de valores y objetivos. En Chile tenemos una sociedad civil que, según algunas encuestas, valora cada día más las libertades civiles, y que a nivel discursivo compatibiliza perfectamente con la lucha del mundo homosexual por ser reconocidos. Sin embargo, la brecha entre discurso y acción en Chile siempre ha sido una singular característica. Cabe entonces preguntarse, si bastará con legislar al respecto aprobando, por ejemplo, el matrimonio homosexual, si en la calle los homosexuales seguirán siendo un estorbo, “los maricones” y hasta los “enfermos”. Sin duda que casos como el argentino marcan un paso importante que ojala sea seguido por nuestro país, pero el debate en torno al reconocimiento es más interesante aunque mucho más largo en el tiempo para un país que está apresurado en alcanzar el desarrollo a como de lugar.

El individuo no encuentra en los otros tan sólo una fuente de beneficios económicos como señalan las posturas más neoliberales, sino también se constituye como tal en la mirada de ese otro. Lo que debemos entender es que el sujeto actual, así como también el de antaño, es más necesitado de afecto y de reconocimiento por parte del otro que lo que pensaron los liberales. Es justamente en la intersubjetividad donde los individuos se reconocen como pertenecientes a una sociedad y como seres iguales ante la ley pero diversos y distintos en cuanto a seres con historias particulares. De esta forma, para alcanzar la autonomía que tanto enarbola la corriente neoliberal se hace necesario el ser reconocido. Es por esto que de lo que se trata, tal como nos dice Honneth[3], es de abrir espacios tanto legales como sociales, para que los individuos o grupos tengan la oportunidad de ser valorados socialmente. Es decir, de que se establezcan determinados espacios de presentación donde las “minorías” tengan la posibilidad de mostrarse al mundo. Es esto precisamente lo que hace falta en Chile: crear las oportunidades necesarias para alcanzar un reconocimiento, ya que como sociedad hemos ido reproduciendo, en estado latente pero que aflora, por ejemplo, en la broma, un sinfín de definiciones discriminatorias para catalogar a lo que nos es diferente.

En definitiva lo que nos ofrece Honneth a nivel teórico, y que en este artículo ha sido revisado someramente, es una idea de justicia más amplia, donde no sólo intervienen cuestiones relativas a la igualdad ante la ley, sino además nos insta a poner más atención al individuo como un sujeto vulnerable, que necesita de la intersubjetividad para devenir autónomo. También nos permite afrontar, o visualizar que la lucha por el reconocimiento se instala como una fuerza estructurante en el desarrollo moral de la sociedad, ya que contamos con un sinnúmero de sujetos y grupos pidiendo a gritos ser valorados socialmente, o al menos tener espacios para valorar sus aportes a la sociedad en su conjunto. De esta manera, principios articuladores como la tolerancia y el respeto, necesarios ambos para una valoración social, pueden pecar por defecto cuando los discursos no se traducen en acciones reales tendientes a desarrollar un reconocimiento mutuo a nivel intersubjetivo.

[2] http://www.infinita.cl/titulares/despliegue.tpl?fecha=02/08/2010&hora=17:11:38

[3] http://www.scribd.com/doc/19586199/Axel-Honneth-El-Reconocimiento-Como-Ideologia

Por Branislav Marelic Rokov

Los documentos enviados por la iglesias católica y las iglesias evangélicas al Pdte. de la República, pidiendo y estableciendo requisitos para los indultos en el Bicentenario, deben ser miradas por lo que son, como la petición de un grupo de ciudadanos que transparenta sus intereses y solicita acción al Gobierno. Entenderlo bajo este prisma es seguir entendiendo el Estado separado de una Iglesia o de una forma moral de ver el mundo.

Si entendemos, por el contrario, que las Iglesias o movimientos morales puedan exigir un punto de vista, o llegar a instancias de decisión gubernamental, por algo más que la lógica de sus argumentos, no solo tenemos un Estado que no sirve al interés general de toda la población, sino que tenemos un Estado esencialmente intolerante. Intolerante ya que los argumentos esgrimidos, que tendrían palco privilegiado, obedecen a una forma moral/religiosa/parcial de concebir un asunto terrenal argumentado con postulados de salvación espiritual o de sagradas escrituras.

¿No fue intolerante el Estado porque prohibió el divorcio vincular amparado en visiones religiosas del matrimonio? Lo fue a lo menos con personas que no creen ni creerán, en visiones de salvación o de naturalidad del vínculo perpetuo. Esta moral, desde la ley de divorcio, se quedó donde correspondía, en la conciencia de cada uno.

El asunto del indulto bicentenario, basado en consideraciones de salvación espiritual y compasión cristiana, es una situación símil a la descrita en el divorcio. Lo peor que me podría pasar si no acato la moral cristiana sería irme al Infierno (Si, el Infierno ¡existe y es eterno!, lo dijo el Papa), pero nada en el orden terrenal, ¿será que hay diferencias entonces en los dos ordenes?. Ya lo dijo un revolucionario 2010 años atrás (aprox.) “Pagad pues á César lo que es de César, y á Dios lo que es de Dios” (Mt 22, 21).

Alguien menos revolucionario como John Locke, también llegó a una conclusión similar. En sus Carta sobre la Tolerancia, entiende que nada de lo que pueda hacer el soberano puede librar a una persona de la condena eterna, si no quiere ser salvada. Las acciones temporales no pueden salvarnos, la salvación es personal, y por más que el soberano nos haga rezar o nos diga que el matrimonio homosexual es malo, no nos vamos a salvar si seguimos apartándonos de la norma moral en nuestro interior. P

Lo que no abordó Locke, o no quizo entender, es que hay otras religiones no cristianas que también pueden convivir bajo un soberano, como las religiones orientales y además pueden existir personas sin creencias. La Tolerancia de aquí nace como una consecuencia de que la salvación es personalísima.

Pero avanzando el tiempo, nos encontramos que la Tolerancia no solo es garantía de las formas de salvación personal, sino que es garantía de convivencia pacífica  como argumenta Michael Walzer, en su libro Tratado Sobre la Tolerancia.  De esta manera, el valor y práctica de la Tolerancia en los Estados, nos ha permitido entender que sus acciones y sus leyes, son necesarias para cada uno pueda creer, pensar, expresarse, vivir y salvarse como quiera, sin que eso implique sacrificar vírgenes, quemar gente viva o tener esclavos, ya que existe normas mínimas universales que todos debemos respetar, como los Derechos Fundamentales.

Al final, la sofisticación de la Tolerancia que permeó el Estado, nos permitió entenderlo como Laico, siendo este Estado, entre otros detalles, el que no privilegia una visión particular moral de ver la sociedad, y que se preocupa de la vida terrenal de sus ciudadanos, porque es lo único que el Estado puede mejorar.

Incluso más, con la Democracia se nos exige que todas las decisiones (en algun momento) pasen por la deliberación de todos los representantes de la sociedad, el Congreso. Así nos aseguramos  que las decisiones sean acuerdos para vivir mejor, y no para la salvación de todos por creencias de unos pocos.

De esta forma, las propuestas de indulto se deben leer como corresponden, opiniones de grupos privados desde la sociedad en la que todos vivimos.

Pero tampoco podemos ser idealistas, el regulador puede ser capturado como lo evidencia y desarrolla la Teoría de George Stigler, esto es en general, que un persona con poder público termina ejerciéndolo para un grupo de interés y no para el interés de todos. Es por esto que la potestad de indulto necesariamente debe ser revisada, al igual que otras de un Presidencialismo fuerte. Quizá debería ser balanceada con órganos colegiados y representativos de toma de decisiones.

Con lo anterior y viendo la propuesta de la Iglesia Católica y de las Iglesias Evangélicas, podemos destacar que estas giran en torno a la Unidad Nacional y a la Reforma del Sistema Carcelario. ¿Es el indulto bicentenario, general o particular, una forma de introducir una discusión totalmente presente de reforma de las cárceles? Por otra parte, ¿Es el acortamiento de pena una forma de reconciliación? Bueno, eso es para la discusión de fondo y para la argumentación que tendrá el Presidente caso a caso, ya que descartó una ley general de indulto.

Uno puede estar a favor o en contra del indulto, pero lo relevante es que toda propuesta debe ser bien entendida y analizada, separando de donde viene y cuáles son los argumentos para fundarla.

Por Alberto Cecereu

El dolor de un niño o niña de vivir un abuso o violación sexual, es una herida terriblemente profunda que hunde a seres humanos en un espiral de una serie de consecuencias que se redundan en: daño en el valor de comprensión del sí mismo, alteración en la conducta sexual en el proceso de maduración y problemas conductuales que pueden proyectarse de por vida.

Hoy gracias a los medios de comunicación, hemos conocido una serie de lamentables casos que afectan a menores de edad de diversas clases sociales, costumbres culturales y religiones, como un fenómeno transversal, sin discriminación alguna, que responde a los recónditos y desconocidos procesos mentales de los victimarios; gente común y corriente, muchos de ellos profesionales, que a primera vista, no hay sospecha alguna.

No obstante a esto, el sólo hecho de estos sucesos, cabe la reflexión que nuestra sociedad actual está inmersa en una crisis valórica, de denostación del cuerpo y espíritu del ser humano, donde al mismo tiempo que condenamos estos hechos, poco hacemos para iniciar el gran trabajo psicosocial de reparación de las víctimas.

La necesidad de la reparación es un imperativo ético. Es una responsabilidad de la sociedad toda, de asumir, acoger y tratar a toda víctima que sea sometido a este tormento. Reparar, es asumir los problemas de fraternidad de los seres sociales en la comunidad nacional. Es decir, tomar una posición de avanzada constructiva en hacerse cargo de los problemas que nos afectan. Esto sucede, ya que los procesos del Logos del entendimiento se desgastan cuando los parámetros identitarios caducan.

Al mismo tiempo que el Estado y la sociedad civil se hace cargo de forma conjunta de un proceso de reparación profesional y sostenido en el tiempo, con el rescate de la víctima como ser social íntegro, debemos preocuparnos del rescate de una sociedad libre y justa, pero con valores morales y éticos que redundan en un respeto del cuerpo, la vida, y el horizonte social de cada ser.

Valparaíso, 2 de junio de 2010

Por Cristián Seura Gutierrez

Es indiscutible el arraigo que presenta el modelo exegético en la forma de aplicar e interpretar las normas jurídicas en nuestro sistema normativo. Sistema heredado de las ideologías de la Revolución Francesa. De esta forma, como lo expresa el profesor Montero: “el magistrado era concebido como un sujeto que realizaba una actividad meramente cognoscitiva, es decir, su tarea se limitaba a investigar cuál era el verdadero sentido y alcance de una ley”[1]. Se trata de una doctrina que posiciona al juez como un mero aplicador del derecho, quién debe representar en su decisión lo mandato por el legislador, el cual no puede echar mano a la discrecionalidad[2], ya que su labor no puede constituirse en una forma de generar normas, por cuanto infringiría la estricta separación de los poderes del estado.

Las disposiciones contenidas entre los artículos 19 y 24 de nuestro Código Civil, han servido, en mayor o menor medida, para entregar al juez una regla de derecho positivo para interpretar las disposiciones legales, queriendo ampliarse inclusive a otras materias, como el derecho constitucional[3]. Siendo determinante en la forma de interpretar y determinar el  o los sentidos y alcance de cualquier norma jurídica.

La dogmática jurídica, en el afán de sostener la racionalidad del legislador, ha encontrado diversos métodos para adaptar la normativa a las necesidades variantes de la sociedad[4], destacándose dos: la primera; presente mayormente en el derecho público-penal, permitiendo que la doctrina dote de contenido a aquellas normas que aparecen enunciadas con una textura abierta, lo que NINO llama “teorías”[5], y la segunda; una constante reinterpretación de las normas de interpretación en materia de derecho privado-civil, para adaptarlas a dichos cambios[6].

Las reglas de interpretación legal contenidas en el Código Civil, representan pautas y establecen elementos que el juez debe tener en consideración al momento de aplicar la ley y dictar una resolución. Dichos elementos, corresponden al gramatical, histórico, lógico, sistemático y teleológico, agregándose los principios generales de la legislación y la equidad natural[7]. Así, se ha sostenido que dichos elementos confluyen en un mismo proceso y que ninguno de ellos prevalece por sobre el otro, realizando, a mi parecer forzadas interpretaciones del texto legal, no por el proceso en sí, sino más bien por los resultados que de él se obtienen.

Necesario resulta contextualizar el momento en el que se crea el Código Civil, principalmente dirigido a conservar la exégesis como forma de aplicar el derecho y bajo una mirada desconfianza de la labor de los jueces[8], esta circunstancia, permite, enunciar la primera premisa de este trabajo, y que es la siguiente “el modelo exegético obedece a una concepción política del estado de derecho, principalmente referida a la tarea de los jueces, la cual busca “conservarse”, por medio de los mecanismos que el poder político le otorga al legislador.”

De esta forma, aún cuando creamos en el acierto lingüístico y visión de futuro de Andrés Bello[9], no podemos desconocer que nuestro Código recibe una influencia eminentemente exegética, en especial en lo que dice relación con las reglas de interpretación en él contenidas.

La dogmática jurídica por su parte, ha pretendido otorgar a la ley diversas características, que la hacen paradojalmente perfecta, entre ellas la capacidad de adaptarse a los cambios sociales, adquiriendo una suerte de “voluntad propia” u objetividad, sin hacerse cargo de las ya cuestionadas falencias que presenta el lenguaje y del inevitable reconocimiento de que los seres humanos no son capaces de prever todas las situaciones que se producirán en el futuro, siendo creadas las normas, precisamente por seres humanos.

Por otra parte, hemos adaptado diversas teorías del derecho (principalmente de manera jurisprudencial), como también hemos descubierto otros elementos que lo componen, distintos a las reglas, aceptando que nuestro sistema jurídico se compone de normas (en su sentido restringido), principios, valores superiores y derechos fundamentales[10], los cuales por varias particularidades no se adaptan al concepto de regla más estricto[11]. Así las cosas estoy en la posición de presentar la segunda premisa de este ensayo: “Nuestro ordenamiento jurídico está compuesto por otros estándares, distintos a las reglas, a los cuales no es posible aplicar las reglas de interpretación del Código Civil, menos aún permitir resolver cuestiones sobre colisiones de aquellos estándares, como tampoco los vacíos que se producen en el derecho chileno”

Así, las reglas de interpretación contenidas en el Código Civil, han servido a la doctrina para ir “acomodando” las diversas concepciones sobre el derecho, forzando más allá de lo tolerable, los enunciados lingüísticos en ella contenidos, para así no sólo responder a las necesidades sociales presentes en nuestro país, sino también a las diversas exigencias que hace el conocimiento del derecho y la comunidad internacional en este aspecto, resultando ser más bien un obstáculo a la hora de satisfacer como sistema jurídico esos requerimientos, que por cierto, son propios a un estado democrático y que se pretende “ilustrado”.

¿Cuáles serían los efectos de eliminar las normas de interpretación del Código Civil? ¿El juez se vería acaso, privado de un método razonable para hacerlo, provocando la infracción patente al principio de inexcusabilidad? o por el contrario; ¿Los magistrados iniciarían una suerte de aplicación arbitraria de las normas de derecho, obviando principios básicos, como la lógica, el lenguaje, la finalidad de una ley, etc.? Tengo la convicción de que ninguna de estas situaciones  ocurriría, y es aquí donde planteo mi tercera y última premisa, “Las normas contenidas en el Código Civil, sobre interpretación de la ley no entregan al juez un método útil, razonable y contextualizado a la hora de resolver conforme a derecho, y sólo se mantienen vigentes con el afán de mantener tradiciones y conservaciones inconducentes, derivadas del afán de postergar el reconocimiento de un cambio evidente en nuestra sociedad y en especial en nuestra cultura jurídica.”

El presente trabajo no pretende dar una respuesta omnicomprensiva de los evidentes obstáculos a los que se enfrenta el juez al momento de dotar de contenido un enunciado normativo, pero plantea el cuestionamiento sobre la necesidad de mantener reglas como las contenidas en el Código Civil para interpretar todos los estándares que componen el ordenamiento jurídico nacional, cuando el avance de la ciencia jurídica nos permitiría utilizar los mismos elementos con un mayor grado de desarrollo jurisprudencial y profundización en los razonamientos contenidos en las sentencias.

NOTAS

[2] En este sentido MONTERO IGLESIAS, Marcelo. Ob. Cit Pág. 216.

[3] ZAPATA LARRAÍN, Patricio. “La interpretación de la Constitución”, 1990. Pág. 161.

[4] NINO Carlos, “La dogmática jurídica”, en Introducción al Análisis del Derecho, Ariel, 1983, Pág. 326.

[5] NINO Carlos. Ob. Cit. Pág. 334-335.

[6] DUCCI CLARO, Carlos. “La interpretación Judicial de la ley en nuestro derecho” en Interpretación Jurídica. Editorial Andrés Bello. Páginas 91-160.

[7] DUCCI CLARO, Carlos. Ob. Cit. Pág. 100-160.

[8] La fuente de las normas de interpretación contenidas en el Código Civil corresponden a las del Código de Luisiana, en este sentido DUCCI CLARO, Carlos. Ob. Cit. Página 95.

[9] DUCCI CLARO, Carlos. Ob. Cit. Pág. 108.

[10] En este sentido ALEXY.

[11] DWORKIN Ronald, “El modelo de las normas”, en Tomarse los Derechos en serio (Los derechos en serio), Ariel, 1984 (original en Inglés 1977), Pág. 72-80.

Por Alberto Cecereu

“No debe considerarse válido ningún tratado de paz

en el que haya reservas tácitas

para preparar una guerra futura.”

Immanuel Kant

Hoy, ante una sociedad absolutamente interconectada e interdependiente, donde los conflictos sociales se han intensificado en una serie de nuevos factores, es que es imperativo diseñar políticas de las relaciones internacionales que tiendan al debate, la pluralidad y la tolerancia de los miembros de la aldea global.

Por mucho tiempo nos hemos sumergido en la importancia de la Economía, el equilibrio de riquezas, y acuerdos de comercio, como una forma de comprender las distintas realidades sociopolíticas de los países, para que de esa forma, en el juego del comprar y el vender, la paz fuese un imperativo alcanzable.

Empero, a pesar que las Relaciones Comerciales, han sido un aporte decisivo para incrementar el flujo de bienes y servicios, y mejorar ostensiblemente las economías abiertas en el proceso de reducir las asimetrías estructurales de los sistemas, nos hemos dado cuenta que no es suficiente.

Ante la existencia de países superpotencias con un poder inconmensurable para manejar las relaciones empresariales y comerciales, pasando a llevar el peso minúsculo de los países en vías de desarrollo, es que la diplomacia hoy, vuelve a ser un punto de apoyo fundamental para mejorar las condiciones de una aldea global libre e igualitaria.

La Diplomacia, entendida como la relación, contacto y comunicación entre los órganos estatales, explícitamente los ordenados por la Jefatura de Estado – en nuestro caso el Ministerio de Relaciones Exteriores – con fines de paz, colaboración internacional, y con el objetivo de la consecución de intereses del país en el exterior.

En este siglo XXI que recién empieza, y que no poseemos la retrospectiva, de cuáles son sus características fundamentales de la cual se avecina y configura su existencia, es que en la práctica real debemos propender a fundar una asamblea del debate internacional, donde con las distintas formas de ver el mundo de cada país, podamos congregarnos en buscar formas de armonía.

La Diplomacia, absolutamente necesaria, es entendida como el ejercicio de la paz juiciosa en el marco de la libertad. Así debemos entender el ejercicio de la libertad como principio fundamental del ser humano – y cada país por cierto – para  potenciar su ser interno enlazado con la realidad externa. Si a esto le sumamos lo dicho por John Rawls, en  cuanto “los principios de justicia se elige con detrás de un velo de la ignorancia”, es asumir este enunciado en el ejercicio de la diplomacia. Desde este punto argumentativo, es que, sabremos gobernarnos globalmente con un sistema normativo de derechos y responsabilidades en torno a un sentido de justicia liberal, es cuando cada miembro de la aldea promoverá una idea hipotética en torno a la paz, que sucesivamente buscarían no quebrar.

Sin embargo, el mantenimiento hoy de un Estado de Derecho global puramente liberal, en defensa de un valor de la justicia común, es que deben ser incorporadas todas las nuevas concepciones del ejercicio de la democracia y la organización civil. Eso, sumado a que la erosión del Estado Nación, es un hecho, y que emergen los Estado Región y las identidades postnacionales. Por consiguiente, la conversación y el debate entre las autoridades, se vuelve cada vez más oscilante entre lo caduco y lo contemporáneo.

No obstante, hay una certeza. La actividad del debate, la protección de intereses y la negociación, y las relaciones para el mantenimiento de la paz, es decir la milenaria Diplomacia, aún no es desplazada y no lo será, hasta que la civilización de la palabra y el pensamiento reine en el planeta Tierra.

El sitio muestra una serie de artículos relacionados con el laicismo y temas de contingencia.

Un punto vital de cualquier Constitución política es la definición del carácter del Estado en el cual la sociedad se compromete a vivir. Dentro de ello, en los actuales momentos, llama la atención la resistencia a lograr la declaratoria de Estado laico, frente a lo cual se crea un fuerte debate en el que no faltan los absurdos de pretender que se trata de un ataque a todos los creyentes.

El laicismo, por el contrario, llama a una postura universalista de respeto al pensamiento de cada quien y, particularmente, de su creencia religiosa o del hecho de no tener ninguna. La igualdad de los ciudadanos independientemente de su postura frente al fenómeno religioso, es parte indisoluble de la igualdad ante la ley y de un Estado de Derecho en el cual la legislación está por encima de los intereses particulares.

El Estado Laico implica además la autonomía del Estado, la independencia entre la ley civil y las normas religiosas o filosóficas particulares, por lo que el laicismo es parte de la soberanía del país. Caso contrario, nos ponemos por debajo de las decisiones de un organismo distinto a los elegidos en votación universal como es el caso de los organismos que dirigen de cualquier culto particular, muchas veces de carácter extranjero, como puede ser el caso del país del Vaticano.

Una falsedad mantenida es que el laicismo es una imposición. Absurdo, pues permite por el contrario la libertad de conciencia y de cultos, no los impide ni pone uno de ellos por encima de otros sino que los garantiza, por supuesto siempre y cuando no atenten a los derechos humanos y a las leyes penales, pues no se puede justificar asesinatos o pedofilia como si se tratase de un asunto de fe. Así, toda fe religiosa y filosófica, incluyendo las ateas, agnósticas y otras, tendrán la misma posibilidad de expresar su pensamiento, de practicar sus ritos, si los tuvieren, y de sentirse en plena igualdad de condiciones con las demás.

El creyente de un credo, y en el Ecuador están registrados más de 200, no sentirá la amenaza de que se le quiera imponer otra religión, pero tampoco podrá imponer la propia. El laicismo asegura la existencia de todos en la casa común, sin que nadie se sienta aislado o segregado y para ello se determina la separación entre el Estado y las organizaciones religiosas, en donde una iglesia (mayoritaria o minoritaria, eso no importa) no determine las acciones del Estado y donde el Estado no interfiera en las acciones de las agrupaciones religiosas.

Pero en el Ecuador hay centenares de miles de compatriotas que se sienten relegados, desde el momento mismo en que se volvió a invocar a dios en la Constitución de la nefasta constituyente de Oswaldo Hurtado. ¿Cuál dios es el citado? ¿El de los pueblos indígenas que adoraban al sol hasta que a sangre y fuego se les impuso el catolicismo? ¿El de los ecuatorianos que profesan el judaísmo o el hinduismo? ¿el del mayoritario catolicismo bajo la orientación de la teología de la liberación o el de los católicos ligados a la historia del fascismo y agrupados en el Opus Dei? ¿Y los ateos y agnósticos, quedan fuera del amparo de esa Constitución? Una invocación de ese tipo es de por sí un acto excluyente contra todos los que no se sientan plenamente representados en ella y la Constitución se entiende que es para todos y todas, sin exclusión de ninguna especie.

Pero el problema es mayor y ha sido históricamente discriminatorio, tal y como lo señalaron representantes de distintas iglesias cristianas en abril del año pasado (2007) al visitar a la comisión del Conesup que trabajaba una propuesta constitucional. El presidente de la Confraternidad Evangélica, el pastor Nelson Castro, indicó que frente a una Ley de Libertad de Conciencias y de Culto, que le da mayor representación a la Iglesia Católica, las minorías religiosas se han visto afectadas. “No hemos tenido nunca una equidad religiosa”, afirmó el pastor Castro, reclamando que la separación de la Iglesia y del Estado se vea en la práctica o, de lo contrario, que todas las iglesias tengan el mismo derecho a participar en organismos del poder público. Imagínese, por ejemplo, el lector más de 200 representantes religiosos al Consejo Nacional de Educación, donde ahora solo tiene presencia el representante de la educación ofrecida por la iglesia católica (duplicando la presencia de la educación privada frente a uno solo de los educadores fiscales).

El ejemplo anterior demuestra que la única igualdad real se puede dar si el Estado se mantiene defendiendo el interés común de todos y sin distinción, pero no en trampas burocráticas de supuesta igualdad que resultan en la sola presencia de la fe mayoritaria (si es que hay un solo catolicismo, lo que muchos religiosos han puesto en duda). Eso ya se demostró cuando se autorizaron clases de religión en las escuelas fiscales, pues para cumplir las condiciones los miembros de una fe religiosa menos numerosa deberían encerrase en una sola escuela para hacer uso del derecho que estaba al alcance de otros.

La historia del Ecuador está llena de actos de imposición religiosa. En 1830 los indígenas son puestos bajo tutela de los párrocos, para que se acaben los credos originarios; en 1852 la Asamblea Constituyente decretó la expulsión de los jesuitas ante su intromisión en todos los asuntos del Estado y su enorme poder económico; en 1862 se firma un Concordato entre Ecuador y el Vaticano que otorga a los obispos la capacidad de censurar libros y fija que la educación será solo católica; ese Concordato se vuelve ley y se entrega a la Iglesia Católica la potestad de aceptar o no cualquier sociedad u organización en 1886, lo que se ratifica en 1889 en “la Carta negra” de García Moreno; así, hasta 1885 en que el obispo de Portoviejo, Pedro Schumacher, pide a los católicos que luchen con las armas en contra de los revolucionarios alfaristas, que una vez victoriosos declaran en la Constitución de 1906 la separación de la Iglesia y el Estado, en 1908 confiscan los bienes inmuebles del clero e inician la educación laica.

Pero la acción política de los obispos y pastores es constante, recordemos que su perfil de candidato presidencial entre líneas llamaba a sostener los puntos de vista de la derecha. Lo más grave es que pretenden que la moral que ellos dicen defender es la única válida, descalificando en los peores términos a las prácticas sexuales diversas, a los defensores de los derechos sexuales y reproductivos, a los integrantes de otras religiones calificadas indiscriminadamente como sectas o herejías.

Los opuestos al laicismo creen poseer la verdad indiscutible y se sienten con el derecho de imponerla a los demás. Los opuestos al laicismo tienen, por tanto, una inclinación autoritaria que explica que Bush acuda al nombre de Dios para invadir Irak, que Al-qaida también recurra al nombre de Dios para sus actos terroristas o que la cúpula del Vaticano haya pactado con Hitler, al que nunca desmintió cuando decía que mataba a judios en cumplimiento de un mandato bíblico. El debate es, entonces, entre laicismo o autoritarismo. Y todos sabemos que el autoritarismo no es democracia. Y que los creyentes que rechazan el uso político de la religión, por parte de Bush, Hitler, Bucaram Febres Cordero o Noboa, saben bien la necesidad de que su fe sea respetada y no mezclada en los asuntos de la política.

El laico, por el contrario, estará dispuesto a poner todo en la mesa de discusión, menos el derecho a disentir, a pensar diferente, a asumir como derecho personal y privado el derecho a ser parte o no de un credo. El laicismo no impone ni la fe ni la falta de fe, solo garantiza la separación entre una creencia personal y el Estado que nos debe cobijar a todos, con la diversidad que sea.

Uno de los derechos humanos es precisamente el de la libertad de culto. Siendo el Estado el obligado a garantizar la vigencia de los derechos humanos, la única forma de hacerlo es declarándose laico y eso significa neutral y separado de toda fe religiosa, sin apoyar a ninguna ni económicamente ni de otro modo, fortaleciendo la educación laica, renunciando al uso de todo símbolo religioso (recuérdese a presidentes dando las medidas antipopulares con un crucifijo a su espalda), ratificando la separación de las prácticas públicas y privadas, sosteniendo la igualdad ante la ley y evitando los conflictos de origen religioso que se dan cuando hay sentido de imposición de una fe sobre otra.

Una última aclaración es que el laicismo es una propuesta clara, que pone a todos los credos filosóficos y religiosos en la misma condición y la idea de que la ley debe cobijar a todos. Esto no puede expresarse como “Estado Multiconfesional” porque este termina siempre en una suerte de comunidades cerradas, mientras el laicismo abre el diálogo y mutuo respeto.

En resumen, el laicismo es garantía de derechos humanos fundamentales, es condición de la vida democrática, componente de nuestra soberanía y respeto real a las distintas posiciones de pensamiento. Por ello, la nueva Constitución debe expresamente dar ese carácter al Estado ecuatoriano, que respete los derechos y trabaje con una visión integradora para todos y todas, sin ningún tipo de exclusión.

Fuente: http://www.sindioses.org/sociedad/estadolaico.html